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EDITORIAL EL MERCURIO 6 DE ABRIL DE 1999


Recientemente el Gobierno dio a conocer las medidas que serán
adoptadas este invierno para aminorar el problema de contaminación
de Santiago. Entre ellas se encuentran la incorporación de buses con
motores de gas natural, la aspiración de polvo de forma más intensiva,
la entrada en vigor de la exigencia para las industrias de monitorear las
emisiones de diversos contaminantes y la focalización de las medidas
en las zonas poniente y suroriente de la capital, ya que estas últimas
serían las más afectadas. Precisaron, sin embargo, que las iniciativas
impulsadas por los municipios pertenecientes a las áreas mencionadas
no contarán con recursos gubernativos adicionales, sino que deberán
buscar fuentes de financiamiento alternativas. Por otra parte, el
gerente del área medioambiental de la Sociedad de Fomento Fabril
pidió la prórroga de la entrada en vigencia de la exigencia a las
industrias, argumentando que su costo es excesivo -más de mil
millones de pesos-, y que el efecto de dicha medida para disminuir la
contaminación sería irrelevante.

En 1996 se declaró la saturación de la Región Metropolitana por
monóxido de carbono, partículas en suspensión y ozono y el estado de
latencia para óxidos de nitrógeno, ya que los volúmenes de estos
elementos presentes en el aire de Santiago superarían las normas
consideradas aceptables por la comunidad científica. Sin embargo, y a
pesar de la preocupación que existe en ciertos círculos en cuanto a
que la salud de las personas se estaría viendo afectada por la
contaminación, los planes y las medidas propuestos por las
autoridades han tenido reducidísima eficacia en la solución de tal
problema.

Lo anterior se debe, en parte, a que los planes de descontaminación
no consideran cambios sustanciales en la forma en que las industrias y
las personas hacen uso de las diversas fuentes energéticas que
producen los elementos contaminantes, siendo éste el origen de la
contaminación. Los costos que le originan a la sociedad, en términos
de mala calidad del aire y de la salud de las personas, las partículas y
gases generados por cada individuo al trasladarse, trabajar en
empresas que contaminan y calefaccionar sus hogares, se diluyen
entre millones de seres humanos que no se sienten afectados
individualmente por la contaminación que generan. A su vez, la
inexistencia de derechos de propiedad sobre el aire no permite la
creación de acuerdos entre las personas que transformen el
contaminar en una actividad por la cual haya que indemnizar a los
afectados. Con esto se lograría reducir la contaminación, pues
existirían alicientes para invertir en tecnologías de producción y de
traslado no contaminantes.

En la medida en que los planes propuestos por el Gobierno no
consideren la creación de una institucionalidad que aumente los costos
de contaminar para las personas, las medidas que se adopten tendrán
sólo un escaso efecto. Por otra parte, es probable que las autoridades
sólo realicen esfuerzos limitados en la solución del problema, ya que
las consecuencias de éstos se advertirían en un plazo superior al
período de gobierno, con lo cual no se advierte netamente un
beneficio político si emprenden acciones para lograr reducir la
contaminación ni tampoco se ven seriamente perjudicados con la
situación actual.